Mientras que en Latinoamérica algunos países tienen ley de delitos informáticos, otros aún no cuentan con tal importante avance a nivel de legislación. Por su parte, los atacantes aprovechan los vacíos legales para continuar afectando a los usuarios, con el objetivo de robar sus datos y obtener en última instancia su dinero.

En líneas generales hace tiempo que América Latina está abriendo los ojos a un gran problema que se intensificó en la última década, que son los delitos relacionados con la tecnología. Poco a poco los países van promulgando nuevas leyes, de la mano de juristas especializados que incluso en algunos casos reciben asesoramiento de especialistas de otros países de la región.

Algunos ejemplos recientes sitúan a Costa Rica entre los privilegiados, contando con grandes avances en materia legal, a partir de la propuesta de reforma al código penal para tipificar el sabotaje informático, la suplantación de identidad y de sitios web para capturar datos personales, la infección por medio de virus informáticos y el espionaje digital. Este paso no es menor considerando que en dicho país, la Asociación de Consumidores Libres tiene actualmente una demanda conjunta contra varios bancos, debido al fraude a más de 200 clientes, cuando es bien sabido que en la mayoría de los casos las instituciones bancarias no son responsables de ataques del tipo phishing o similares.

Por otra parte tenemos el caso de Honduras donde se está presentando un proyectos de ley relacionado con los delitos informáticos, que les permitirá condenar con penas de prisión a quienes cometan determinados actos que hoy en día no pueden ser penados por carencia de un marco legal adecuado.

En el caso de Argentina existe ya una ley de delitos informáticos desde mediados de 2008, pero que todavía sigue sin contemplar algunos aspectos cruciales como ser el robo de identidad, o el establecimiento de vínculos online con menores con fines sexuales (grooming) que en países como Alemania, Canadá o Australia sí son tenidos en cuenta. Lo que sí existía hace tiempo en Argentina, y que de hecho está cumpliendo su primera década de existencia, es la ley de habeas data, que en pocas palabras determina el derecho a saber qué información nuestra almacenan los sistemas informáticos existentes en sus bases de datos. Justamente el pasado 26 de noviembre se celebró un evento por los diez años de su existencia, que reunió a profesionales e idóneos relacionados con la temática, para exponer tanto las lecciones aprendidas como así también muchas de las cosas que quedan por hacer al respecto.

Siendo que en todos los casos lo que se busca es evitar que la población quede desprotegida frente a los nuevos peligros, podemos decir que en líneas generales la región esta creciendo en cuanto al tema y las perspectivas son muy positivas ya que se ha tomado conciencia de la necesidad de estar cubiertos en más aspectos de los que se calculaban hasta hace solo una década. Si bien es cierto que la tecnología avanza a un ritmo demasiado acelerado respecto a lo que puede hacerlo un sistema de leyes, la problemática de los delitos informáticos plantea una responsabilidad conjunta entre una sociedad concientizada, y gobiernos que sepan reconocer los peligros modernos y tengan las herramientas y los conocimientos para dictar leyes que continúen protegiendo a sus ciudadanos tanto en el mundo físico como en el mundo virtual.

Federico Pacheco
Education & Research Manager